En este año 2018, la discusión sobre el aborto se ha avivado a nivel mundial gracias al referendun por la liberalización del aborto en Irlanda el 25 de mayo y la legalización del aborto en la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina el 14 de junio. En Latinoamérica, el triunfo de las compañeras argentinas ha potenciado campañas y acciones por el aborto legal en diferentes países de la región en lo que se ha denominado “La Ola Verde”, que por supuesto ha llegado a Venezuela.
Hay elementos comunes en el debate por la despenalización/ legalización del aborto que tocan principios democráticos fundamentales como la libertad de conciencia, el laicismo y los derechos humanos, la ciudadanía de las mujeres, entre otros, que son aplicables en los diferentes contextos; sin embargo, es preciso considerar la norma jurídica y la realidad de cada país. Veamos cómo es la cosa acá, en Venezuela.
Comencemos por la situación legal del aborto, el Código Penal vigente (elaborado en 1915 y con última reforma en el 2005) en su capítulo IV prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico, artículo 435) y disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa, artículo 436)[1]. Esto quiere decir que no está despenalizado ni mucho menos legalizado el aborto en casos de embarazos producto de violación sexual, ni de incesto, ni de malformación congénita del feto. El aborto es un delito que se castiga con prisión de seis meses a dos años a la mujer que se lo practica, y de uno a tres años a quien lo ejecuta. Con esto, estamos en la cola de la región con una de las legislaciones más restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, lo que tiene importantes implicaciones para los derechos, la salud y la vida de las mujeres.
Es preciso explicar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no incluye la inviolabilidad de la vida ni la protección del feto desde el momento de la concepción[2]. El artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable, pero no afirma que esto sea desde la concepción. Lo que sí está protegido es la maternidad decidida libre y responsablemente desde el momento de la concepción, que no es mismo que proteger al embrión o feto desde la concepción (artículo 76). Por su parte, el artículo 59 garantiza la libertad de religión y de culto, con énfasis en que nadie podrá invocar creencias religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otra persona el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo a esto es el Código Penal, y no la Constitución, la norma que en definitiva penaliza el aborto y que constituye la piedra de tranca para su posterior legalización. De hecho, luego de la aprobación de la constitución en 1999, los esfuerzos de las feministas venezolanas se han encaminado hacia ese objetivo, despenalizar el aborto en el Código Penal bien sea a través de reformas o de un nuevo Código Penal; sólo en el 2007 y hoy en el 2018 se han desarrollado iniciativas de modificar la Constitución, la primera no dio resultado y sobre la iniciativa actual comentaré más adelante. Con todo, el objetivo de flexibilizar la norma que penaliza el aborto obviamente no se ha logrado y tenemos los mismos artículos desde hace más de un siglo.
Vale destacar que, al menos dos Comités de Naciones Unidas[3] le han recomendado al Estado venezolano en diferentes oportunidades flexibilizar la norma que penaliza el aborto y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo[4], suscrito por Venezuela, insta a los Estados a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos” (párrafo 42 del Consenso). En ninguno de los casos el Estado venezolano ha cumplido.
Pasemos ahora al contexto. Aquí la situación no puede estar peor. Estamos en una emergencia humanitaria compleja, con un régimen autoritario y unas instituciones del Estado, severamente deterioradas unas y cuestionadas otras. Las vulneraciones de derechos humanos están a la orden del día y la pobreza está arropando al 87% de la población de acuerdo a la Encuesta sobre Condiciones de vida (ENCOVI)[5]. En este contexto, las mujeres sufren un impacto diferenciado reflejado en diversos aspectos de su vida, pero sobre todo en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos tal y como lo documentan AVESA-CEPAZ-FREYA y Mujeres en Línea el Informe del 2017, “Mujeres al Límite. El peso de la Emergencia Humanitaria: vulneración de los derechos humanos de las mujeres”[6]
Hoy, junio del 2018, las venezolanas no tienen garantizados, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y parto; el derecho a la educación sexual integral; a obtener información en salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos de planificación familiar; a servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos; a la autonomía reproductiva; y por sobre todo, los derechos a la vida y la salud. Sólo tres indicadores -reseñados en el informe Mujeres al Límite- bastan para dan cuenta de esta realidad: 1) la escasez progresiva y cada vez más aguda de métodos anticonceptivos de todo tipo que ha sido calculada por la Federación Farmacéutica en un 90%, que se una a una cobertura aproximada del 2% por parte del Estado de acuerdo a la Memoria y Cuenta del MPPS de 2015; 2) aumento en un 65% de las muertes maternas para el 2016 de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del MPPS, muchas de estas muertes vinculadas al abortos inseguros; y 3) para el año 2012 – estadística oficial más reciente – los bebés nacidos vivos de adolescentes entre 15 y 19 años alcanzaron el 22%, y en mujeres menores de 15 años fue de 1,2%. No hay nada en el contexto del país que indique que, al día de hoy, estos indicadores hayan disminuido, todo lo contrario, al agudizarse la emergencia humanitaria compleja, las cifras tienden a empeorar.
La dura realidad detrás de todo esto es que, la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres venezolanas van en franco retroceso, los derechos que están reconocidos constitucionalmente y lo establecido en la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva del año 2003, reformada en el 2013, no se están aplicando. El Estado no está garantizando el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos a la mujeres, y, hay que decir que tampoco a los hombres; pero, como lo ha reconocido el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de la Mujer en la legislación y en la práctica de Naciones Unidas, “la denegación de acceso a los servicios de salud esenciales con respecto a la interrupción del embarazo, los anticonceptivos, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento de la infecundidad tiene consecuencias particularmente graves para la salud y la vida de las mujeres”.
Así las cosas, surgen muchas interrogantes ¿Es pertinente debatir sobre el aborto hoy en día en Venezuela? ¿Es conveniente legalizar el aborto en la Venezuela de hoy? ¿Cómo montarnos las feministas venezolanas en la Ola Verde?
Comenzando por la última pregunta es preciso destacar que las feministas ya están montadas en la ola. El 20 de junio la Red de Información Aborto Seguro (RIAS), el Colectivo Tinta Violeta, la Red Araña Feminista y el Frente Cultural de Izquierda, todos grupos adeptos al gobierno del presidente Maduro y al proceso Constituyente actual, han tenido un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y han presentado una propuesta, que de acuerdo a lo reseñado por los medios de comunicación, tiene como punto central la solicitud de modificación del artículo 76 de la Constitución, para que “garantice asistencia y protección integral a la maternidad voluntaria tanto para la continuación como para la interrupción del embarazo”[7]; y también solicitan que se exprese abiertamente la laicidad del Estado venezolano[8], esto es, modificar el artículo 59. Estos colectivos feministas ya habían acudido a la ANC en septiembre del 2017 en el marco del Día por la despenalización el aborto en América Latina y El Caribe.
Lo propuesto por las compañeras feministas sin lugar a dudas mejoraría el texto constitucional, aclarando aún más los términos a favor de la despenalización en el Código Penal y el desarrollo las normas que garanticen su implementación y que vienen a ser la legalización misma.
Pero el asunto no es tan sencillo porque no estamos en Argentina, ni en Irlanda, ni en Chile, ni en Perú, donde sus Congresos son legales y legítimos, estamos en Venezuela, con una Asamblea Nacional inhabilitada en el ejercicio de sus funciones y una Asamblea Nacional Constituyente, creada con la supuesta intención de dirimir los conflictos políticos, que a casi un año de su instalación no ha realizado la supuesta labor de reformar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es una institución que no representa los diferentes sectores del país siendo rechazada nacional e internacionalmente. De tal manera que, sigue en entredicho lo que esta ANC promulgue o decrete, incluida una reforma Constitucional o una nueva Constitución, que en cualquier caso tendría que ser sometida a referendum. Es por esto que no todas las feministas ni los grupos de mujeres hemos acompañado a las compañeras en su propuesta ante la ANC y hay que reconocer que, lamentablemente, la visión del Estado venezolano, del contexto de país y de las estrategias nos divide, no así la agenda feminista ni la agenda por los derechos de las mujeres.
La labor de las compañeras al colocar el debate sobre la legalización del aborto en la ANC y además en la agenda pública, en los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, en las redes sociales y en otros espacios, es, en sí misma, favorable a la causa de las mujeres. Pero este debate no puede ser descontextualizado, es preciso ubicarlo en nuestra realidad actual y en la dimensión de la crisis.
Volviendo a nuestras preguntas ¿Es pertinente debatir sobre el aborto hoy en día en Venezuela? ¡¡Sin duda alguna!! Pero hay que debatirlo a la luz de los retrocesos que en materia de derechos de las mujeres que estamos viviendo hoy día en el contexto de emergencia humanitaria y con un gobierno autoritario. Y ante la pregunta ¿Es conveniente legalizar el aborto en la Venezuela de hoy? Ese es el objetivo último, pero en ningún caso es legalizar en materia de aborto de manera aislada, son indispensables la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a servicios de planificación familiar, todo con la finalidad de minimizar los embarazos no deseados y finalmente, legalizar el aborto para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a no morir por causas vinculadas al embarazo y el parto. Todo junto, no por partes, para que en definitiva, como dice Martha Rosenberg, feminista y psicoanalista argentina, las mujeres tengamos garantizado el ejercicio de la ciudadanía y de nuestros derechos acorde a nuestra especificidad sexual y reproductiva.
Magdymar León Torrealba
[1] https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-text-cp.html
[2] Red de Población y Desarrollo Sustentable, RedPob, 2001 Los Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución Venezolana. Testimonios de un debate. Caracas: FNUAP/UNFPA
[3] Recomendaciones del Comité de la CEDAW (2014) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales (2015)
[4] En http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9232.pdf?view=1
[5] https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-difundir-.pdf
[6] https://avesa.blog/2017/11/11/mujeres-al-limite-el-peso-de-la-emergencia-humanitaria-vulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres/
[7] https://laradiodelsur.com.ve/feministas-abriran-debate-en-la-anc-sobre-despenalizacion-y-legalizacion-del-aborto/
[8] http://albaciudad.org/2018/06/derecho-palabra-anc-despenalizacion-aborto/
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