El Examen Periódico Universal (EPU) es un examen especial de derechos humanos realizado entre los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU).

El EPU funciona como un mecanismo cooperativo de rendición y asistencia en materia de derechos humanos que presentan los Estados parte de la ONU ante sus homólogos, de forma periódica cada 4 años y medio o 5 años.

Este 25 de enero de 2022 corresponde el 3er Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela.

El primer examen fue en el 2011 y el segundo en el 2016

Los objetivos del EPU son:

  1. La mejora de la situación de los derechos humanos en el terreno.
  2. El cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos que se enfrentan.
  3. El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento.
  4. El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados.
  5. El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos.
  6. El fomento de la plena cooperación y compromiso con el CDH, otros órganos de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH/OHCHR).

La participación de las OSC independientes y autónomas del país examinado en el EPU es parte de las políticas de las Naciones Unidas a fin de procurar el apoyo y la protección de la sociedad civil en sus diversas labores y esfuerzos de incidencia, a nivel nacional e internacional. Con base es ello, las OSC venezolanas hemos presentado 115  informes sobre 5 áreas temáticas que son: el cumplimiento de compromisos, temas transversales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos de poblaciones específicas. El resumen de las contribuciones cada uno de estos temas puede ser consultado en Examen ONU Venezuela.

Los derechos de las mujeres y niñas en Venezuela también son objeto de evaluación, y por ello las OSC hemos realizado nuestras contribuciones, destacando los principales retos identificados que son:

  • Mujeres, niñas y adolescentes afrontan condiciones muy adversas para su salud sexual y reproductiva, y sus vidas.
  • Estado desconoce y no cumple medidas del sistema interamericano en materia de justicia y protección de la vida y salud de las mujeres.
  • Falta de acceso a estadísticas oficiales constituye una política de control del Estado sobre la información, acentuada durante la pandemia.
  • Impunidad en casos de violencia contra la mujer es causa subyacente del aumento de feminicidios en el país y otras formas de violencia.
  • Respuesta institucional es inadecuada para atender denuncias de violencia contra la mujer y medidas de protección.
  • Feminización de la pobreza obedece a una violación generalizada de derechos, principalmente los DESCA.
  • Colapso del sistema sanitario público afecta más severamente a las mujeres, niñas y adolescentes.
  • Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres profundiza las brechas de género.
  • Trata de personas, que afecta especialmente a mujeres y niñas es un fenómeno en aumento, especialmente conectado con la migración.
  • Indefensión legal e institucional de las mujeres lesbianas, trans, con discapacidad e indígenas las somete a discriminación interseccional y violencia permanente.

Las hojas informativas sobre estos temas las presentamos a continuación:

Derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva En español En inglés

Derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia y discriminación En español En inglés

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