Por lo menos desde el año 2014, numerosas organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, gremios y voces calificadas en esferas diversas, alertaban sobre lo que hoy se ha materializado en Venezuela: una emergencia humanitaria compleja (EHC). A diferencia de las crisis humanitarias que vienen determinadas por desastres naturales o conflictos armados, las EHC suelen ser de origen político y prolongadas en el tiempo, con lo cual tienen un gran impacto destructivo en todos los ámbitos de la vida, originando altas tasas de mortalidad.
De acuerdo al Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo (2006), las EHC están caracterizadas por:
- El debilitamiento, quiebre o fragmentación del Estado en países con altos niveles de pobreza y periféricos para la economía global. Según el grado de descomposición se suele hablar de Estados débiles, frágiles o fallidos;
- El hundimiento de la economía formal y el auge de la economía informal articulada mediante redes clandestinas;
- El conflicto civil o interno, aunque frecuentemente con implicaciones internacionales, alentado por la exacerbación identitaria (étnica, nacional, religiosa), pero estimulado también por la economía política de la guerra;
- La hambruna, como proceso de incremento de la desnutrición, la pobreza y las epidemias, que en ocasiones son deliberadamente provocadas como arma de guerra o mecanismo de despojo de los sectores vulnerables;
- El éxodo y las migraciones forzosas, causados por la necesidad de la búsqueda de ayuda y, sobre todo, por prácticas de persecución y destrucción como la limpieza étnica o la tierra quemada. Además de originar oleadas de refugiados.
En Venezuela, la EHC es de origen político donde se entrelazan factores diversos tales como políticas económicas restrictivas, incluyendo controles de cambio y controles de precios, altos niveles de corrupción, disminución de ingresos, políticas de nacionalización de actividades agro-productivas e industriales, falta de inversión en mejoramiento de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad y transporte, debilitamiento institucional y desprofesionalización del aparato del Estado. Ocurre, además, en un contexto de serias amenazas y restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, y serios retrocesos en derechos económicos, sociales y culturales de la población. El preocupante colapso de las capacidades del Estado en la prestación de servicios, incluyendo el derrumbe del sistema público de salud, han tenido un impacto devastador en la promoción, protección y garantía de derechos fundamentales y, consecuentemente, en la calidad de vida de la población venezolana.
Sería un despropósito desconocer que la EHC en Venezuela es responsabilidad del hoy régimen de facto de Nicolás Maduro, cuya indolencia ante el sufrimiento generalizado de la población y sus políticas represivas sólo han profundizado la crisis y aumentado la presión sobre una ciudadanía abandonada a su suerte.
Ninguna crisis humanitaria, sea ésta originada por desastres naturales, emergencias sanitarias, conflictos armados o emergencias humanitarias complejas, es neutral al género. Ellas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, niñas y niños (ONU Mujeres, 2017). Por ejemplo, datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) afirman que para el 2015, el número estimado de muertes maternas en 35 países afectados por crisis humanitarias o contextos frágiles era 185.000, el cual representaba el 61% de la cifra global de muertes maternas (303.000). De manera que el promedio de 417 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos en contextos de crisis humanitarias o Estados frágiles es 1.9 veces mayor que el promedio mundial de 216 (UNFPA, 2015).
En el caso venezolano, la EHC ha ampliado las brechas de género y ha colocado a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. En su informe de junio 2018, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) observó que las mujeres habían sido especialmente afectadas por la crisis de salud e impactadas de modo desproporcionado por la escasez de alimentos (2018). Antes aún de la publicación de ese informe, en octubre de 2017, las Relatoras de Mujeres, de Niñez y de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH ya habían solicitado al Estado venezolano llevar a cabo una visita para recopilar información sobre “la grave situación social de las mujeres y niñas” en el país (CIDH, 2017). Al momento de escribir estas líneas, dicha solicitud no ha sido todavía concedida.
Desde el año 2016, las organizaciones Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y el Centro Hispanoamericano de la Mujer FREYA, reunidas en la coalición “Equivalencias en Acción” hemos llamado la atención sobre cómo la EHC por la que atraviesa Venezuela tiene una afectación diferenciada, y a menudo desproporcionada, sobre la vida de mujeres, niñas y adolescentes. A través de la documentación y la denuncia, hemos evidenciado dicha afectación, la cual frecuentemente se traduce en vulneraciones graves de derechos tales como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la salud, incluyendo el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto y la autonomía reproductiva, el derecho a la alimentación, entre otros.
Con este informe nos proponemos continuar la labor emprendida en 2017 con “Mujeres al Límite. El peso de la emergencia humanitaria: vulneración de derechos de las mujeres en Venezuela” donde, a partir de la información oficial disponible para ese momento, realizamos un análisis de las brechas en el ejercicio y disfrute de derechos en las áreas de salud, especialmente salud sexual y reproductiva, alimentación y violencia contra la mujer. En esta oportunidad, y como respuesta a la política de Estado de ocultar cifras e información oficial, incorporamos datos resultantes de investigaciones llevadas a cabo por nuestras propias organizaciones, los cuales sirven para ilustrar y comprender la situación real en las áreas de salud sexual y reproductiva y movilidad humana. También hemos incluido información relacionada con la afectación diferenciada de mujeres en el ámbito de la alimentación, la violencia de género contra las mujeres en el contexto de la EHC, y la vulneración de derechos de las mujeres indígenas asociadas a actividades en el Arco Minero del Orinoco, al sur del país.
En el contexto actual de Venezuela, este trabajo tiene, en definitiva, dos propósitos claros. Por un lado, aportar diagnósticos que sirvan de base para el diseño de respuestas cónsonas con las realidades y necesidades de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas en medio de la EHC. Y por otro, constituir un repositorio para la memoria histórica de un período donde los derechos de las mujeres observaron un retroceso inédito, que las ha colocado en algunas situaciones sólo comparables a las vividas en el siglo XIX, todo al amparo de una narrativa oficial pretendida, pero falsamente, feminista.
Caracas, Mayo 2019.
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