En el 2013, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) con el apoyo técnico y financiero de UNICEF, desarrolló el proyecto Abordando la violencia sexual y la violencia en el noviazgo en 6 municipios de Miranda, 2 parroquias de Vargas y 2 municipios del área metropolitana de Caracas que tuvo como uno de sus resultados, la construcción de la Ruta crítica de atención institucional del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que muestra gráficamente el proceso que va desde el momento en que se revelan los hechos de una presunta situación de abuso sexual hasta el momento en que se inicia la investigación por parte de los órganos del sistema de justicia.
Este primer producto, representó el punto de partida para la construcción de un instrumento que unificara los criterios en cuanto al manejo de la ruta crítica del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en Venezuela, que puedan ser publicados en un formato amable y accesible a ser distribuido en los diferentes entes con competencia en esta materia. Por tal motivo, AVESA, nuevamente con el apoyo técnico y financiero de UNICEF desarrolló el proyecto Aportes para la construcción de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención del embarazo adolescente y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, que tuvo dentro de sus objetivos, la producción de un documento sobre la Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, validado por un equipo de expertos y expertas en el tema, y con las respectivas orientaciones para su manejo, a ser empleado por instituciones del Estado y de la sociedad civil.
Para llevar a cabo este trabajo se desarrolló un plan para la validación de esa ruta crítica ya elaborada, construido a partir de los criterios de: correspondencia o pertinencia, claridad, coherencia (continuidad lógica de los pasos), sustento o apoyo del marco legal, suficiencia de artículos que se presentan y diseño gráfico; que sería implementado en mesas de trabajo con un equipo validador.
Este equipo validador estuvo integrado por una coordinadora, encargada de asegurar el cumplimiento de las actividades en relación con los tiempos previstos y los productos esperados; una facilitadora de validación de la ruta y de las orientaciones; una relatora/sistematizadora para el registro y recopilación organizada del desarrollo de cada mesa de trabajo, asegurando que en cada actividad se contara con las fuentes de verificación y el informe respectivo; y un equipo de personas expertas representantes de las diversas organizaciones que son parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
Este proceso de validación se realizó a través de cuatro (4) mesas de trabajo con el equipo de expertos y expertas para evaluación de la ruta en función de los criterios de validación establecidos; una (1) mesa de certificación por parte de las organizaciones que participaron en todo el proceso; y un (1) grupo focal dirigido a evaluar la comprensión de la ruta por parte de funcionarios y funcionarias del sistema para la protección de NNA no expertos en el tema, y así incorporar mejoras en la misma.
La Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes se ha diseñado en un formato tamaño afiche y las orientaciones se presentan en el siguiente documento, que se ha estructurado en tres capítulos:
En el primero se dan conceptos básicos sobre el abuso sexual, considerando su definición, clasificación, indicadores y las fases. El segundo capítulo plantea los aspectos relacionados con el marco jurídico del abuso sexual en el país, finalmente el tercer capítulo contiene los procedimientos para la aplicación de la ruta de atención por parte de las instituciones con competencia en la temática en las dos primeras fases: Fase 1: Identificación y denuncia y Fase 2: Atención y procedimiento de organismos competentes.
Esperamos que tanto la Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, como las orientaciones que a continuación se presentan, sean de beneficio para las instituciones y contribuyan en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes del país.