Venezuela atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes en el país y en la región, caracterizada, entre otros factores, por el colapso del sistema de salud pública. En materia de salud sexual y reproductiva se registra una escasez de métodos anticonceptivos por el orden del 85% en todo el país,[1] los servicios de salud sexual y reproductiva han desaparecido o funcionan de forma deficiente -incluyendo aquellos creados para la atención de adolescentes-, las cifras de embarazos entre adolescentes aumenta[2]. El Código Penal venezolano prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico) y sólo disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa). Así, Venezuela exhibe uno de los marcos legales más restrictivos de América Latina y el Caribe en materia de aborto; sin embargo, ello no erradica su práctica, pero contribuye al alto subregistro y al desconocimiento del impacto real en la morbilidad y mortalidad de las mujeres en el país. No existen estudios ni cifras oficiales sobre la tasa de aborto inducido que puedan dar cuenta de la realidad, y son pocos los datos que desde la sociedad civil se ha podido recabar.
El tema del aborto está fuera del debate público y de las agendas políticas en Venezuela. En parte debido a la aguda polarización política que ha marcado al país durante los últimos 20 años, pero también debido a fuertes fuerzas conservadoras que, dentro y fuera de los partidos políticos, se oponen a registrar cambios en esta materia. Así, la legislación en materia de aborto se ha mantenido intacta por más de 100 años. Aún cuando ha habido algunos intentos por despertar el debate y lograr cambios normativos, liderados esencialmente por representantes de la sociedad civil, éstos no han llegado a nada.
Por otra parte, en la sociedad venezolana prevalecen mitos y prejuicios en torno al aborto, el cual es, en general, visto como algo negativo. Por ejemplo, conforme a una medición hecha por Pew Research en 2014, el 77% de las personas consultadas consideró el aborto como algo “inaceptable.”[3] Mientras que un estudio efectuado por la organización colombiana Profamilia encontró que las percepciones culturales sobre el aborto entre mujeres venezolanas migrantes estaban relacionadas con el estigma, con lo cual muchas tenían una percepción negativa del mismo y de las mujeres que abortan.[4] En Venezuela prevalece la desinformación sobre el tema y es común encontrar personas que desconocen si el aborto procede o no en casos de violación, incesto o malformación del feto incompatible con la vida.
En este momento corresponde alentar el debate sobre el aborto inseguro, que no sólo se ha desdibujado de la opinión pública -que está tomada por la crisis política y humanitaria actual-, sino que además es necesario mostrar cómo el no garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su sexualidad y su reproducción nos coloca en un lugar de mayor vulneración.
Este es el objetivo central de la campaña #MadreSiYoDecido
[1] Equivalencias en Acción (2019a) “Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco ciudades del país”.
[2] Equivalencias en Acción (2019b) “Incidencia de muertes maternas, partos de madres adolescentes y abortos en 3 centros hospitalarios de la zona central de Venezuela.”
[3] Pew Research (2014). Global Views on Morality. https://www.pewglobal.org/2014/04/15/global-morality/country/venezuela/
[4] PROFAMILIA (2019). Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana.