El presente informe representa un esfuerzo colectivo por documentar la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela de cara a la grave crisis económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa el país. Por tratarse de un primer ensayo en ese sentido, hemos decidido centrarlo solamente en tres grandes áreas severamente afectadas por la crisis y por el serio déficit democrático en las instituciones venezolanas, a saber: salud, alimentación y violencia contra la mujer.
La elaboración de este informe se fundamentó en la revisión documental de fuentes diversas, oficiales y no oficiales, así como medios de comunicación. Como en muchas otras áreas, el acceso a información pública en materia de derechos de las mujeres, incluyendo presupuestos asignados y ejecutados, así como cifras relacionadas con problemáticas fundamentales como mortalidad materna, está estrictamente restringido. Y en aquellos casos en los que los datos están disponibles, algunos tienen uno, dos o hasta cinco años de antigüedad, como por ejemplo el Boletín de Género del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuya versión más reciente data del año 2013.
Los datos disponibles, bien sea oficiales o no oficiales, casi nunca están desagregados por sexo, con lo cual se dificulta visualizar la situación particular de las mujeres. Ejemplo de ello son algunos boletines del INE cuyos datos no están desagregados por sexo, señalando que no existen diferencias estadísticas significativas. Igualmente, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada por las 3 universidades más importantes del país, tampoco presenta datos de fundamental importancia desglosados por sexo.
Los hallazgos aquí presentados dan cuenta de cómo la crisis tiene un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, en un contexto donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Desde la escasez de anticonceptivos e insumos de higiene menstrual, hasta los numerosos obstáculos existentes para su acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia machista, las mujeres enfrentan numerosos retos en el disfrute pleno de sus derechos más elementales sin que el Estado tome medidas efectivas al respecto.
Mientras la narrativa oficial se ha apropiado de la temática de igualdad de género, mostrándola como un área donde se han producido numerosos avances, la realidad de las mujeres no guarda relación con el mundo idílico que desde instancias gubernamentales se presenta. El desempleo y la pobreza aumenta vertiginosamente entre mujeres, y son ellas quienes mayoritariamente hacen colas por alimentos y recorren farmacias y hospitales en busca de atención y medicinas para ellas mismas y sus familias. Sí bien la adopción de medidas normativas y la creación de un marco institucional son pasos importantes en la garantía y protección de los derechos de las mujeres, en modo alguno son un fin en sí mismo y de poco sirven sí están vacías de contenido. En otras palabras, de tener instituciones y leyes pioneras en materia de derechos de las mujeres es insuficiente sí desde ellas, o a partir de ellas, no se emprenden acciones efectivas, acompañadas de recursos humanos y financieros que permitan su plena implementación.
Finalmente, quisiéramos agradecer a organizaciones e individualidades aliadas por el apoyo con cifras e información en la elaboración de este informe. En particular, las organizaciones Senosalud y Musas de Venezuela por los datos aportados sobre situaciones puntuales de salud en mujeres. También agradecemos a Susana Raffalli por su guía y apoyo en lo referente a la nutrición y alimentación desde una perspectiva de género. Y desde luego a la organización CIVILIS por su confianza y apoyo a nuestras organizaciones a fin de producir este trabajo.
Caracas, Noviembre de 2017.