Con el propósito de conocer el impacto que ha tenido la emergencia causada por la pandemia por COVID 19, en las necesidades de salud sexual y reproductiva y el acceso a servicios de las mujeres en edad reproductiva, se ha realizado, entre octubre y diciembre del 2020, este estudio cuantitativo basado en una perspectiva feminista de los derechos sexuales y reproductivos, que abarcó la realización de entrevistas estructuradas a 225 mujeres de 10 a 49 años de edad y 68 centros de atención primaria de salud del Distrito Capital y estado Miranda.

Las entrevistas realizadas a mujeres tuvieron el propósito de obtener información sobre su fecundidad, uso de métodos anticonceptivos, necesidades insatisfechas de anticoncepción, necesidades y conocimiento de posibilidades de atención ante casos de violencia sexual, e información sobre control prenatal; mientras que las entrevistas en los centros de salud se centraron en conocer el porcentaje de centros de atención primaria que ofrecen servicios de planificación familiar y/o consulta prenatal y/o consulta de infección de transmisión sexual y VIH y/o manejo clínico de la violencia sexual, porcentaje de centros de atención primaria en salud o centros que cuentan con instrumentos esterilizados y acceso constante al agua en su instalaciones, manejo y conocimiento de atención a mujeres víctimas de violencia sexual y cantidad de mujeres que asisten a control prenatal.

Los resultados indican:

  • Tasa global de fecundidad de 50,7 por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad del Distrito Capital y del estado Miranda. Para el el Distrito Capital la tasa es de 43,6 y de 58 para el estado Miranda. El promedio de embarazos por mujer es de 2,07 y el de nacimientos vivos de 1,97.
  • Tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos para mujeres de 15 a 49 años de 49,8, que representa una diferencia de 24,2 puntos porcentuales por debajo del promedio regional para América Latina y el Caribe y 6,2 puntos porcentuales comparada con la tasa reportada para Venezuela de acuerdo a datos del UNFPA de los años 2019 y 2020, respectivamente. Esta tasa de prevalencia es de 37,9 para las adolescentes de 15 a 19 años y de 35,7 para mujeres del estado Miranda, lo que indica un menor uso de métodos anticonceptivos para estas poblaciones.
  • Necesidades Insatisfechas de anticoncepción para mujeres sexualmente activas de 30,7; muy por encima del promedio regional que se ubica en 10 de acuerdo al informe sobre el Estado de la Población Mundial del UNFPA del 2019.
  • 29,7% de las mujeres entrevistadas no puede comprar métodos anticonceptivos y 24,9% necesita que éstos sean otorgados gratuitamente debido a que sus ingresos económicos son insuficientes.
  • Los métodos más requeridos son los dispositivos implantables, las píldoras anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos.
  • El nivel de información sobre métodos anticonceptivos es insuficiente o nulo para el 60% de las niñas y adolescentes de 10 a 14 años y para el 31% de las adolescentes de 15 a 19 es regular, sólo las adultas entre 20 a 29 años reportan contar con información suficiente.
  • Ninguna de las mujeres encuestadas embarazadas asistieron a control prenatal durante los primeros 6 meses de la pandemia, iniciaron su primera consulta en el mes de octubre, con semanas de gestación avanzadas. Para el 26,7% la causa de no asistencia al control prenatal estaba asociada al temor al contagio, para 20% las restricciones en la movilidad y el mismo porcentaje lo atribuyó a problemas económicos. Por su parte, el 71,9% de los centros consultados reportan disminución de la afluencia de mujeres a control prenatal durante la pandemia por COVID-19
  • Existen cifras elevadas de mujeres, niñas y adolescentes que aún no reconocen sus derechos ni las distintas formas de violencia sexual. La desconfianza en las instituciones del sistema de justicia a la hora de la colocación de la denuncia en la principal causa de la no colocación de denuncias en casos de violencia sexual.
  • En el período de la pandemia ha habido una reducción del 17,85% de los centros de atención primaria de salud consultados que prestan servicios de planificación familiar y del 17,24% de los que prestan control prenatal. No ha habido variación en el número de centros de salud que prestan consulta de ITS y atención especializada en violencia sexual durante la pandemia. Hay que destacar que en los dos últimos años todos estos servicios se han visto reducidos y se contabiliza una reducción del 17,64% de los centros que cuentan con esterilizador quirúrgico y del 26,47% de los que cuentan con acceso a agua potable por tuberías. De igual modo, se identifican condiciones críticas en cuanto a la frecuencia y suficiencia del acceso al agua potable. Este deterioro progresivo parece obedecer a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país que incluye la crisis de servicios y la del sistema de salud en general, y no a la emergencia sanitaria por COVID- 19.
  • El nivel de formación proveedores/as de salud en atención a casos de violencia sexual presenta debilidades en lo que respecta a aspectos médico legales.

Se concluye que cerca de la mitad de las mujeres, niñas y adolescentes del Distrito Capital y estado Miranda no cuentan con las condiciones necesarias para decidir de manera segura e informada sobre su sexualidad y reproducción, ni tienen garantizado el acceso a servicios y métodos anticonceptivos de manera oportuna y de calidad, esta es una situación existe antes de la pandemia por COVID-19 y con ella han aumentado las barreras para el acceso a los servicios debido al temor al contagio, las restricciones de movilidad y el cierre de servicios, así como el empeoramiento de sus condiciones económicas.

Las recomendaciones de este estudio van orientadas a la implementación de servicios virtuales y/o telefónicos de atención (telemedicina) e información en salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, infecciones de trasmisión sexual y violencia sexual; reactivación y adecuación de centros de la atención primaria de salud, ampliación de la dotación y facilitación de la entrega de métodos anticonceptivos, así como la realización de campañas informativas y la capacitación a proveedores de salud en atención de casos de violencia sexual.

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