Caracas, 3 de diciembre 2021. –

La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha profundizado la crisis de derechos humanos que vive Venezuela y ha contribuido a aumentar de forma alarmante las brechas de género que la emergencia humanitaria compleja ha venido ampliando en los últimos años, colocando los derechos de mujeres y niñas en una grave situación de vulnerabilidad. Por ello, las organizaciones no gubernamentales Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, AVESA, y la Asociación Civil Mujeres en Línea, en su informe “Venezolanas en Emergencia, 2021: Confluencia del impacto de la emergencia humanitaria compleja y la pandemia por COVID-19 en mujeres, niñas y adolescentes” elaborado con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, y la contribución de distintas activistas e investigadoras del área de derechos de las mujeres, exige a las autoridades y distintos actores políticos y de la sociedad civil actuar de manera decidida e inmediata en el diseño e implementación de planes y políticas públicas que atiendan de manera eficaz el impacto negativo que ha dejado la pandemia de COVID-19 combinada con la emergencia humanitaria compleja, como parte integral de las políticas de desarrollo y recuperación económica, política y social del país, y en atención a las obligaciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Una de las causas principales de la pobreza de las mujeres es la ausencia de la corresponsabilidad social del cuidado, que debería ser ejecutada por el Estado, el sector privado y la institucionalidad no gubernamental, mediante los servicios públicos de atención a niños, niñas y personas vulnerables por su edad y condición de salud. Esta responsabilidad social, al no cumplirse, es transferida a las mujeres, a las familias y a las comunidades, y recae muy particularmente en aquellas más pobres. El informe “Venezolanas en Emergencia 2021” señala que la pandemia de Covid-19 ha evidenciado la carga desproporcionada de los cuidados dentro del hogar, que recae sobre mujeres y niñas: según un estudio hecho en dos de las parroquias con más altos niveles de pobreza del país (Fila de Mariches y Caucagüita del Municipio Sucre del Estado Miranda) las mujeres de 15 a 44 años con hijos e hijas dedicaron entre 13 y 16 horas diarias al cuidado familiar, mientras que las que no tienen hijos e hijas dedicaron un promedio de 9 horas. Las mujeres han cubierto las brechas de cuidados que los sectores salud y educación no pueden brindar, atendiendo a las personas enfermas que los hospitales no pueden atender y acompañando a niños y niñas en el proceso de aprendizaje a distancia, con poca o nula asistencia del Estado.

Salud sexual y reproductiva en emergencia
AVESA y Mujeres en Línea señalan en el informe que, para niñas, adolescentes y mujeres adultas, el ejercicio de la sexualidad se ha vuelto algo casi intuitivo, contando con poca y/o mala información, insumos y servicios para la toma de decisiones en materia de salud sexual y enfrentando como consecuencia altas tasas de embarazo entre adolescentes, embarazos no deseados y abortos inseguros. Según datos manejados por estas organizaciones, la oferta de servicios de planificación familiar, consulta prenatal, consulta de ITS y consulta especializada en violencia sexual en 68 centros de atención primaria de salud antes y durante la pandemia del COVID-19, en el Distrito Capital y el estado Miranda, se redujeron, resultando en 4 consultas de planificación familiar menos (reducción de 17,85%), dos menos en cada entidad; y 5 consultas de control prenatal menos (reducción de 17,24%), 2 en Distrito Capital y 3 en el estado Miranda.
En ese sentido, recuerdan al Estado venezolano que tiene la obligación de crear las condiciones
necesarias, aún en el contexto de la pandemia de COVID-19, de promover y garantizar el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas, incluyendo sus derechos a la educación sexual integral, al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, adoptando medidas para la despenalización del aborto, y asegurando la disponibilidad de insumos esenciales.
Las organizaciones no gubernamentales también abordan en su informe la situación en torno a la violencia de género contra mujeres y niñas en Venezuela, incluyendo modalidades de violencia estrechamente relacionadas con las precarias condiciones de vida tales como el sexo por supervivencia, identificado en los estados Bolívar, Apure, Táchira y Zulia, fenómeno donde las mujeres son forzadas por un contexto de extrema necesidad a este tipo de situaciones, principalmente, para poder satisfacer necesidades de alimentación, transporte o trabajo. También exigen al Estado la recolección y divulgación de cifras oficiales sobre violencia, y agregan que, a pesar de los desarrollos legislativos, la ausencia de políticas específicas de prevención, la ausencia de reglamentos y protocolos que normen la atención en materia de violencias, la falta de asignación de recursos humanos, materiales y financieros, tienen como consecuencia directa la vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La violación del debido proceso, la ausencia de tutela judicial efectiva, y la revictimización de las mujeres y sus familias, tienen como resultado un aumento indiscriminado de los índices de impunidad.
Finalmente, el informe “Venezolanas en Emergencia 2021” también documenta la vulneración de derechos de mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela en las áreas de participación política, migración, situación de mujeres privadas de libertad, y trata y tráfico, y exige respuestas al Estado venezolano para garantizar estos derechos, alertando que en la opinión pública venezolana, y entre la dirigencia política de todas las tendencias partidistas, la igualdad de género y los derechos de mujeres y niñas continúa siendo una temática ausente o, con suerte, insuficientemente abordada y comprendida.-

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