De acuerdo con Magdymar León, existen algunas instituciones como el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA) y el Ministerio Público, “pero su capacidad de respuesta es limitada”. Además, alertó que “la falta de formación en enfoque de género y la burocracia” muchas veces obstaculizan la protección real de las víctimas

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Casi a finales de enero de 2025 un sujeto fue detenido en Petare por funcionarios de la Policía del Municipio Sucre, estado Miranda, por haber cometido abuso sexual contra su sobrina, una niña de 11 años.

El cuerpo policial informó en sus redes sociales que la niña ingresó a un centro asistencial junto a su madre tras manifestar fuertes dolores abdominales. Al evaluarla físicamente, los médicos determinaron que estaba embarazada. 

La niña manifestó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su tío, un hombre de 50 años, y que no había dicho nada a sus padres porque el  sujeto “la tenía amenazada de muerte”, según informó la policía.

Este caso causó indignación y encendió las alarmas sobre una situación que se repite en reiteradas ocasiones. Solo entre marzo y julio de 2024, la Red Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) reportó 278 casos de abuso sexual contra menores de edad.

En un país donde la educación sexual es deficiente aumenta el riesgo de niños, niñas y adolescentes a sufrir este tipo de abusos y no contar con ningún tipo de protección. A ello se le suma la revictimización que muchos enfrentan tras ser víctimas del hecho, que viene, incluso, de sus propios familiares.

El Estado y sus responsabilidades incumplidas

En el año 2021 se promulgó la “Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes”, la cual en su artículo 1 menciona que su objetivo es garantizar a todos los NNA “sus derechos a ser protegidas y protegidos contra cualquier forma de abuso sexual, a la integridad personal y al libre desarrollo de su personalidad como sujetos plenos de derecho bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad”.

Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), señaló que el Estado tiene la obligación de “garantizar un sistema de protección integral que abarque la prevención, atención, sanción y reparación del daño”.

 Desde el punto de vista legal, de acuerdo con la especialista, el Estado también debería asegurar mecanismos efectivos de denuncia y protección inmediata para evitar la continuidad del abuso, garantizar el acceso a la justicia con procesos ágiles, especializados y libres de revictimización, brindar atención psicológica y acompañamiento legal gratuito desde una perspectiva de derechos humanos y género, e implementar programas de educación sexual integral para la prevención del abuso.  

De acuerdo con León, existen algunas instituciones como el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA) y el Ministerio Público, “pero su capacidad de respuesta es limitada”. Además, alertó que “la falta de formación en enfoque de género y la burocracia muchas veces obstaculizan la protección real de las víctimas”.

Algunas organizaciones oficiales nacionales a las que se pueden acudir cuando se violan los derechos de niños niñas y adolescentes son el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) o cualquier órgano policial y consejos de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio donde ocurrió el delito.

La maternidad forzada es revictimización

En Venezuela, la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal. Así lo establece el Código Penal venezolano que data desde 1915 (con una última reforma en el 2005), el cual tipifica el aborto como un delito y solo se exime de la pena cuando la persona gestante corre riesgo de muerte.

Al respecto, Magdymar León sostuvo que obligar a una niña o adolescente a continuar con un embarazo producto de una violación “es una forma de tortura y revictimización”.

Por si fuera poco, Amnistía Internacional recuerda que el propio Código Penal, en su artículo 433, “extiende sus efectos punitivos en contra del aborto al señalar que cualquier persona vinculada con la profesión de salud, podrá sufrir un aumento de su pena por hasta una sexta parte y se suspenderá del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la pena impuesta”.

Magdymar León acotó que niña embarazada como consecuencia de una violación puede recibir atención médica, “pero sin el derecho a decidir sobre su propio cuerpo”. En algunos casos, dijo, se han documentado situaciones “donde se accede al aborto en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y su salud”. 

Para la especialista, desde el momento en que ocurre el abuso, muchas niñas y adolescentes “no tienen redes de apoyo o son silenciadas por miedo, vergüenza o amenazas”.  Cuando el Estado les niega la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y las obligan a maternar, esto se hace sin considerar el impacto psicológico, físico y social que conlleva.  

“La revictimización es constante, pues en muchas ocasiones son juzgadas y responsabilizadas por lo que les ocurrió, incluso dentro de sus propias familias y comunidades”, dijo Magdymar León.

Además, esta situación ocasiona que las oportunidades de desarrollo de niñas y adolescentes se vean truncadas, pues según señaló León, “muchas abandonan la escuela y dependen económicamente de sus agresores o de familiares que no las apoyan”.

Tras evaluar el panorama, la especialista indicó que el Estado venezolano “tiene una deuda profunda con las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”. 

“La ausencia de aborto legal las condena a la maternidad forzada y a una vida marcada por la violencia y la desigualdad. La lucha por la despenalización del aborto en estos casos no es solo una cuestión de salud pública, sino de justicia y derechos humanos”, añadió.

¿Cómo evitar la revictimización?

Magdymar León explicó que para evitar la revictimización de niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual hay que actuar desde tres niveles:

– En la familia: Creando espacios de confianza donde las niñas y adolescentes puedan hablar sin miedo. Es necesario desnaturalizar la violencia y educar sobre el consentimiento y el respeto.  

– En el sistema de salud: Capacitando al personal médico para que brinde atención con enfoque de derechos y no culpabilice a las víctimas. Debe haber atención psicológica especializada desde el primer momento.  

– En el Estado: Reformando las leyes para garantizar el acceso al aborto legal en casos de violación. Además, se deben fortalecer las rutas de atención para garantizar medidas de protección efectivas.

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