En Venezuela, el aborto es ilegal y penalizado, con una de las legislaciones más restrictivas de América Latina. La unica excepción de penalización del aborto es en los casos que en que está en riesgo la vida de la mujer embarazada.

Esta prohibición conlleva a un alto número de abortos clandestinos, con riesgos significativos para la salud de las mujeres. 

Las Organizaciones de derechos humanos y mujeres venezolanas señalan que la penalización no solo no reduce la incidencia de abortos, sino que ha incrementa la mortalidad materna como consecuencia de prácticas inseguras.

En Venezuela causales como la violación, y malformaciones fetales incompatibles con la vida no están despenalizada.

En nuestro país se han realizado intentos históricos por modificar el código penal y ampliar las causales de despenalización, pero estos no han tenido éxito. También se ha propuesto debatir la legalización del aborto, con peores resultados.

El Comité de Expertas de la CEDAW ha recomendado a Venezuela modificar su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones fetales, de nuevo sin resultados.

Según nuestro punto de vista es necesario debatir este tema en nuestro pais con más profundidad y menos fanatismo. El próximo 28 de septiembre nos brinda la oportunidad de conversar y debatir sobre este tema fundamental en la vida de todas las mujeres.

Realidad y consecuencias

• Abortos clandestinos: 

La mayoría de los abortos en Venezuela son clandestinos, lo que implica riesgos severos para la salud de las mujeres y personas gestantes. 

• Salud pública: 

El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el país. 

• Sin estadísticas oficiales: 

No existen estadísticas claras sobre las tasas de aborto debido a la clandestinidad de la práctica. 

Demandas y debates

Existen esfuerzos por parte de diversas organizaciones y movimientos para debatir y lograr la despenalización del aborto en Venezuela. 

Se busca que el aborto se reconozca como un problema de salud pública, garantizando la seguridad y el acceso a la atención médica reproductiva.