En Venezuela, el aborto suele mantenerse en el ámbito del tabú, el estigma o el juicio moral. Sin embargo, al analizar la realidad social y sanitaria que viven las mujeres en el país, la conclusión es que: el aborto es un tema urgente de salud pública, de derechos humanos y de justicia social.

En nuestro país rige uno de los marcos legales más restrictivos de la región con un Código Penal cuyos artículos datan de 1926, donde la interrupción del embarazo solo está permitida si la vida de la gestante corre peligro inminente. Esta penalización no detiene las interrupciones del embarazo; solo empuja a miles de personas a la clandestinidad, exponiéndolas a riesgos mortales y a estafas atroces en su búsqueda de atención.

El impacto de las emergencias y desastres naturales: una vulnerabilidad multiplicada

Las situaciones de crisis, como los terremotos o deslaves vividos en el país, interrumpen las cadenas de suministro de insumos médicos básicos, colapsan las vías de transporte e inhabilitan la infraestructura hospitalaria de respuesta primaria.

En contextos de emergencia comunitaria:

• Se interrumpe el acceso a métodos anticonceptivos: El desabastecimiento o la pérdida de insumos en zonas afectadas genera un incremento en los embarazos no planificados.
• Se obstaculiza la atención médica oportuna: La red de salud pública prioriza la atención de traumatismos y lesiones graves derivadas del desastre, desplazando la atención de la salud sexual y reproductiva.
• Aumenta la exposición a la violencia de género y la clandestinidad: Las mujeres y adolescentes desplazadas o en refugios quedan en una posición de extrema indefensión, viéndose empujadas a buscar salidas desesperadas en el mercado informal cuando no existen canales oficiales de apoyo.

El peligro de la clandestinidad: estafas y violación de derechos

Cuando el Estado no garantiza servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, seguros y oportunos, especialmente en momentos de crisis, se abre la puerta para que falsos profesionales y charlatanes se aprovechen de las personas.

Venezuela ha sido testigo de casos alarmantes que exponen la falta de protección hacia las mujeres. Un ejemplo claro ocurrió en 2022, cuando se identificó en Aragua a un falso ginecólogo que engañó a decenas de mujeres aplicándoles supuestos «implantes anticonceptivos» subdérmicos que resultaron ser simples palitos de chupeta y tubos plásticos.

Este escenario evidencia una vulneración estructural:

• Se viola el derecho constitucional a la planificación familiar: El Artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la pareja y la persona tienen derecho a decidir de forma libre y responsable sobre su maternidad, así como a obtener la información y los medios para ello. La falta de acceso y la proliferación de insumos falsificados atentan directamente contra este mandato.
• Exposición a complicaciones graves: La utilización de métodos caseros, fármacos de dudosa procedencia o procedimientos invasivos clandestinos puede ocasionar daños irreversibles a la salud física y reproductiva de las mujeres.

Profundización de las desigualdades socioeconómicas

En el contexto socioeconómico venezolano, el aborto inseguro afecta de manera desproporcionada a:

• Adolescentes y jóvenes: afectadas por altas tasas de embarazo no planificado e información limitada sobre salud sexual.
• Mujeres de bajos ingresos o zonas rurales: quienes no pueden asumir los altísimos costos de anticonceptivos o de servicios de salud privados.

Garantizar la salud reproductiva no es una preferencia individual, sino una medida de equidad social. Restringir el acceso a la salud solo castiga la pobreza y vulnera el derecho a decidir sobre la propia vida y el bienestar.

La mortalidad y morbilidad materna son prevenibles

Según la OMS, cerca del 45% de todos los abortos en el mundo se realizan en condiciones inseguras, y casi la totalidad de estos ocurren en países en desarrollo.

El aborto inseguro es una de las principales causas directas de mortalidad y morbilidad materna. Provoca complicaciones graves como hemorragias, infecciones, traumatismos en órganos internos y esterilidad. Lo crucial de este panorama es que cada una de estas muertes y lesiones es 100% prevenible mediante el acceso a educación sexual, anticoncepción y servicios de aborto seguro y legal.

Prevenir, educar y proteger: la postura de AVESA

Desde la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), reafirmamos que el derecho a la salud debe garantizarse bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de desastre y emergencia comunitaria.

Abordar el aborto y la salud reproductiva como un asunto de salud pública en Venezuela requiere:

1. Garantizar la Educación Sexual Integral (ESI): Con herramientas científicas para tomar decisiones informadas.
2. Asegurar el acceso universal a anticonceptivos: Con distribución prioritaria incluso en planes de contingencia y atención a emergencias.
3. Despenalizar el aborto: Para que ninguna persona en Venezuela arriesgue su vida, su salud o su libertad en la clandestinidad.

Garantizar la salud y la vida es un deber impostergable. El abordaje del aborto no debe ser punitivo ni quedar sujeto a la improvisación de las crisis, sino responder a un marco de salud pública, protección y derechos humanos.