La petición fue entregada ayer al Ministerio Público y exige avanzar en el cumplimiento de las medidas de justicia ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más de 60 organizaciones feministas y de derechos humanos entregaron al Ministerio Público una comunicación dirigida al Fiscal General de la República, Larry Davoe, para solicitar actuaciones concretas que garanticen el acceso a la justicia de Linda Loaiza López Soto. La petición plantea ampliar la acusación contra Luis Antonio Carrera Almoina para incorporar el delito de esclavitud previsto en el artículo 174 del Código Penal vigente al momento de los hechos.

A ocho años de la sentencia del caso López Soto y otros vs. Venezuela, dictada el 26 de septiembre de 2018, las organizaciones reclaman el cumplimiento efectivo de las medidas de investigación, enjuiciamiento y sanción ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal calificó los graves hechos de violencia sufridos por Linda Loaiza durante su cautiverio en 2001 como tortura y esclavitud sexual.

Una respuesta judicial que reconozca la gravedad de los hechos

Las organizaciones sostienen que la respuesta del sistema de justicia debe reconocer integralmente las distintas formas de violencia, dominación y sometimiento sufridas por Linda Loaiza durante casi cuatro meses. Por ello, solicitan que el Ministerio Público promueva, atendiendo al estado del proceso, la ampliación de la acusación por el delito de esclavitud, tomando en cuenta su dimensión sexual y los estándares internacionales de derechos humanos.

La comunicación señala que la valoración de los hechos y de las pruebas debe realizarse con perspectiva de género, sin estereotipos ni interpretaciones restrictivas que invisibilicen la violencia sufrida, y evitando cualquier actuación que pueda revictimizar a Linda Loaiza.

Pronunciamiento sobre las actuaciones vinculadas con la tortura

La petición también solicita que el Ministerio Público informe qué actuaciones ha realizado frente al exhorto del Tribunal Cuadragésimo Quinto de Control, que lo instó a proceder conforme al ordenamiento jurídico venezolano y a tomar en consideración la sentencia de la Corte IDH respecto de la solicitud formulada por Linda Loaiza sobre el delito de tortura.

Las organizaciones requieren un pronunciamiento motivado sobre las diligencias y solicitudes vinculadas con los hechos de tortura y violencia sexual. Recuerdan que la Corte IDH advirtió que la tipificación inadecuada de la tortura en la legislación vigente para la época condujo a una condena por lesiones gravísimas, que no reflejaba la gravedad de esos actos.

Solicitud de reunión y seguimiento

Las firmantes recuerdan que Larry Davoe participó como representante del Estado venezolano en el proceso ante la Corte IDH, en el que el Estado reconoció deficiencias en la investigación y el juzgamiento, y expresó una petición de perdón a Linda Loaiza y a su familia. La comunicación lo insta a traducir ese reconocimiento en actuaciones concretas desde su responsabilidad al frente del Ministerio Público.

Además de la revisión y el reimpulso de las causas penales vinculadas al caso, las organizaciones solicitan una reunión con el Fiscal General para ampliar los fundamentos de la petición y abordar las medidas de justicia pendientes.

Las organizaciones firmantes reafirman su solidaridad con Linda Loaiza López Soto y su familia, así como su respaldo a una lucha de más de dos décadas por el acceso a la justicia y una reparación integral efectiva.